La organización aplaude la derogación definitiva del “certificado veterinario”, pero plantea algunas consideraciones a la nueva normativa.
La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) ha acogido favorablemente la eliminación definitiva del “certificado veterinario”, que se puso en marcha con la aparición de la EEB (Encefalopatía Espongiforme Bovina) en España.
Su eliminación ha sido una reivindicación histórica de UPA, que siempre ha considerado esta medida como un “impuesto revolucionario” para los ganaderos que no aportaba en absoluto la seguridad alimentaria de la carne consumida, como sí lo hacen la realización de test y la retirada de los MER (Materiales Específicos de Riesgo)
La derogación del “certificado” el pasado mes de marzo ha dado paso a una nueva normativa que regula la información sobre la cadena alimentaria, que debe acompañar a los animales destinados al sacrificio.
La nueva normativa ha sido bien acogida por UPA, pero no obstante la organización tiene algunas objeciones sobre aspectos concretos de su aplicación. Así, en UPA nos preocupa que el Real Decreto que regula estas medidas (RD 361/2009, de 20 de marzo) no incluya también un formato único de solicitud.
Nuestra organización demanda al Gobierno que se haga un esfuerzo para establecer un impreso único para todo el territorio nacional, pues no tiene sentido cambiar de papel según la comunidad autónoma a la que vayan destinados los animales.
Asimismo, nos preocupan las dificultades que nuestros ganaderos puedan tener para el envío de la información 24 horas antes de la llegada de los animales a matadero, aspecto éste que se exigirá a partir del 1 de enero de 2010.
En el medio rural, donde se asientan las explotaciones ganaderas, la generalización del acceso a las nuevas tecnologías es aún una tarea pendiente
Por todo ello, demandamos a la Administración que tenga en cuenta este problema y se cuestione la entrada en vigor de esta medida.
Finalmente, UPA ofrece toda su colaboración tanto al Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (MARM), como a la Agencia de Seguridad Alimentaria, para estudiar estas adaptaciones de la normativa, que sin duda redundarán en un mejor funcionamiento de la cadena cárnica.
La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) ha acogido favorablemente la eliminación definitiva del “certificado veterinario”, que se puso en marcha con la aparición de la EEB (Encefalopatía Espongiforme Bovina) en España.
Su eliminación ha sido una reivindicación histórica de UPA, que siempre ha considerado esta medida como un “impuesto revolucionario” para los ganaderos que no aportaba en absoluto la seguridad alimentaria de la carne consumida, como sí lo hacen la realización de test y la retirada de los MER (Materiales Específicos de Riesgo)
La derogación del “certificado” el pasado mes de marzo ha dado paso a una nueva normativa que regula la información sobre la cadena alimentaria, que debe acompañar a los animales destinados al sacrificio.
La nueva normativa ha sido bien acogida por UPA, pero no obstante la organización tiene algunas objeciones sobre aspectos concretos de su aplicación. Así, en UPA nos preocupa que el Real Decreto que regula estas medidas (RD 361/2009, de 20 de marzo) no incluya también un formato único de solicitud.
Nuestra organización demanda al Gobierno que se haga un esfuerzo para establecer un impreso único para todo el territorio nacional, pues no tiene sentido cambiar de papel según la comunidad autónoma a la que vayan destinados los animales.
Asimismo, nos preocupan las dificultades que nuestros ganaderos puedan tener para el envío de la información 24 horas antes de la llegada de los animales a matadero, aspecto éste que se exigirá a partir del 1 de enero de 2010.
En el medio rural, donde se asientan las explotaciones ganaderas, la generalización del acceso a las nuevas tecnologías es aún una tarea pendiente
Por todo ello, demandamos a la Administración que tenga en cuenta este problema y se cuestione la entrada en vigor de esta medida.
Finalmente, UPA ofrece toda su colaboración tanto al Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (MARM), como a la Agencia de Seguridad Alimentaria, para estudiar estas adaptaciones de la normativa, que sin duda redundarán en un mejor funcionamiento de la cadena cárnica.
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