UPA reparte 5.000 kilos de hortalizas para exigir que al menos se cubran los costes de producción.

Los agricultores granadinos han salido a la calle para ofrecer a los ciudadanos algunos de sus productos en señal de respulsa por los bajos precios que reciben en origen, de este modo exigen la creación de una ley de márgenes comerciales que les garantice la "sostenibilidad".
Agricultores granadinos repartieron hoy entre los ciudadanos 5.000 kilogramos de hortalizas para protestar por los "bajos" precios en origen de sus productos, lo que está provocando el abandono de "numerosas" explotaciones agrícolas, por lo que exigieron la creación de una ley de márgenes comerciales que les permita cubrir los costes de producción.
Numerosos ciudadanos se dirigieron hoy a la Fuente de las Batallas de la capital para recibir algunas de estas hortalizas, principalmente calabacines y tomates, de la mano de los agricultores granadinos, quienes aseguran que su situación es "insostenible", según informó hoy a los periodistas el secretario general de UPA-Granada, Nicolás Chica.
El responsable de la organización agraria explicó que frente a los trece céntimos que recibe el productor por un kilo de calabacines el consumidor lo paga a 1,20 euros o mientras que las patatas salen a 10 céntimos el kilogramo en origen las grandes superficies lo venden a 75 céntimos.
Las empresas intermediarias las más beneficiadas
Los agricultores consideran que son las empresas intermediarias las que condicionan el conjunto de la cadena agroalimentaria, especialmente en lo que se refiere a los "eslabones más débiles, los productores y los consumidores".
Así, Chica reivindicó la puesta en marcha de medidas como la creación de un marco legislativo que regule la comercialización de productos agrícolas de forma adecuada y el establecimiento de un observatorio de precios con capacidad para proponer a la Comisión Nacional de Competencia la investigación de prácticas desleales.
En este contexto, destacó la necesidad de que exista una ley "urgente" de márgenes comerciales para "acabar con los abusos", así como el impulso de un código de buenas prácticas que regule las relaciones entre los productores y las grandes superficies.
De este modo, se busca que los agricultores puedan cubrir los costes de producción, además de que sean informados con tiempo sobre las condiciones de entrega de su producto y sus posibles modificaciones