Hace seis años que se aprobó la ley que lo regula y aún no se ha puesto en marcha este organismo.
Con la campaña vitivinícola comenzada y ante la crisis en la que está inmerso el sector, la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) reclama al Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (MARM) la inmediata constitución del Consejo Estatal Vitivinícola, un órgano de carácter consultivo regulado en la Ley 24/2003 de la Viña y el Vino y que seis años después de publicarse la Ley todavía no se ha formado.
Para UPA, este Consejo debe ser el auténtico foro de análisis y búsqueda de soluciones ante los graves problemas por los que atraviesa el sector ya que según la Ley debe estar integrado por representantes de la Administración General del Estado, de las CC.AA. y de las organizaciones económicas y sociales que operan en el sector.
Por otro lado, UPA junto con el resto de las organizaciones profesionales agrarias a nivel nacional ha solicitado al Congreso de Diputados la modificación de un proyecto de ley que pretende eliminar la parte sustancial de la Ley de la Viña y el Vino en cuanto a los Consejos Reguladores, que supondría, entre otras cuestiones, suprimir el hecho de que éstos sean autorizados por la Administración competente, quitarles el principio básico de su funcionamiento sin ánimo de lucro y que se basen en una representatividad de los intereses económicos y sociales de manera paritaria.
De aprobarse este proyecto de ley en su redacción actual, las consecuencias serían nefastas para el actual funcionamiento de los Consejos Reguladores, en especial para los intereses de los viticultores.
Por este motivo, UPA no entiende la pasividad del MARM ante este proyecto de ley y su falta de interlocución con el sector productor.
Con la campaña vitivinícola comenzada y ante la crisis en la que está inmerso el sector, la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) reclama al Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (MARM) la inmediata constitución del Consejo Estatal Vitivinícola, un órgano de carácter consultivo regulado en la Ley 24/2003 de la Viña y el Vino y que seis años después de publicarse la Ley todavía no se ha formado.
Para UPA, este Consejo debe ser el auténtico foro de análisis y búsqueda de soluciones ante los graves problemas por los que atraviesa el sector ya que según la Ley debe estar integrado por representantes de la Administración General del Estado, de las CC.AA. y de las organizaciones económicas y sociales que operan en el sector.
Por otro lado, UPA junto con el resto de las organizaciones profesionales agrarias a nivel nacional ha solicitado al Congreso de Diputados la modificación de un proyecto de ley que pretende eliminar la parte sustancial de la Ley de la Viña y el Vino en cuanto a los Consejos Reguladores, que supondría, entre otras cuestiones, suprimir el hecho de que éstos sean autorizados por la Administración competente, quitarles el principio básico de su funcionamiento sin ánimo de lucro y que se basen en una representatividad de los intereses económicos y sociales de manera paritaria.
De aprobarse este proyecto de ley en su redacción actual, las consecuencias serían nefastas para el actual funcionamiento de los Consejos Reguladores, en especial para los intereses de los viticultores.
Por este motivo, UPA no entiende la pasividad del MARM ante este proyecto de ley y su falta de interlocución con el sector productor.
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